Aprobó Congreso Decreto de Ley de Asistencia Social

LAS APORTACIONES RECOGIDAS EN TODO EL ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SE INCLUYERON EN EL DOCUMENTO QUE ESTÁ A LA ALTURA DE LAS EXIGENCIAS DE LAS Y LOS POTOSINOS

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San Luis Potosí, S.L.P.- La LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad de 27 votos, el decreto que expide la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en donde se incluyen las opiniones y propuestas que el Congreso del Estado, en un hecho sin precedentes, recogió en una Consulta Pública dirigida a las Personas con Discapacidad, durante el mes de noviembre del año que transcurre.

En la Sesión Extraordinaria, estuvieron presentes la presidenta del DIF Estatal Ruth González Silva, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Olga Regina García López y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Giovanna Itzel Argüello Moreno. 

En su intervención, la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva, y de la Comisión de Salud y Asistencia Social, manifestó que en la consulta pública dirigida a las Personas con Discapacidad, respecto de la Iniciativa de expedir la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se tuvo la participación de 3,308 personas con discapacidad, quienes entre sus mayores demandas destacan necesidad alimentaria y económica, atención médica y aparatos auditivos, andadera, bastones, muletas, sillas de ruedas. 

La discapacidad motriz fue la más representada en los resultados y en cuanto a información desagregada por sexo la participación preponderante fue la de los hombres.

“En el mismo sentido, el hecho sin precedente e histórico de consultar a las y los potosinos que viven en condición de discapacidad, lo cual ha sido todo un desafío pero también hemos iniciado saldando deudas históricas con ellas y ellos y que estará marcando el inicio de un Congreso unido a un gobierno del Estado incluyente”.

Señaló que esta nueva legislación, se sumará a las acciones emprendidas por el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, mediante la participación en el acuerdo nacional en el que la Federación y los Estados se comprometieron a impulsar la calidad de vida de las Personas con  Discapacidad,  “y hoy, es el espacio ideal para que a nombre de ésta legislatura que me honro en presidir nos unamos a dicha iniciativa”.

Se indica que en con esta nueva legislación, se busca  que la creación y aplicación de las políticas públicas dirigidas a  la atención de las Personas con Discapacidad,  se realice con un cambio de paradigma respecto del modelo con el que hasta día de hoy han sido atendidos, el “Modelo Médico” y que con la presente Ley, se estará por la implementación de un “Modelo Social” pues, serán las mismas Personas con Discapacidad quienes colaboraran de forma directa en la construcción de este cambio en la atención de sus necesidades, a fin de garantizar condiciones de igualdad con los demás. 

Se indica que esta ley tiene por objeto establecer las bases y procedimientos del Sistema Estatal de Asistencia Social, que coordina la prestación de los servicios asistenciales en la Entidad. Este sistema estará integrado por el Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades de la administración pública vinculadas a la asistencia social, los DIF municipales y las instituciones de asistencia privada inscritas en el Directorio Estatal de Instituciones de Asistencia Social y certificadas por el DIF Estatal.

El Sistema de Asistencia Social contará, para su funcionamiento y coordinación, con un Consejo Estatal de Asistencia Social, que emitirá opiniones, recomendaciones y líneas de acción para la prestación de servicios de asistencia social.

Por lo que se refiere, al tema de accesibilidad a los diferentes espacios públicos derivado de las propuestas de la Consulta Pública, el Congreso del Estado considera de viable que sea el DIF Estatal, la autoridad que vigile que las dependencias y entidades de la administración pública del Estado y municipios, para que realicen las acciones de accesibilidad y los ajustes razonable, con la finalidad de garantizar la accesibilidad a los derechos humanos en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

Señala que la Asistencia Social, no sólo aborda el tema de las Personas con Discapacidad, sino además a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que las hace sujetas a la misma, en este sentido, con esta Ley de Asistencia Social, se armonizan diversos dispositivos normativos relacionados con materias inherentes a las Procuradurías de, Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Defensa de las Personas Adultas Mayores. 

Por otra parte, en el momento del análisis legislativo se detectó y modificó el lenguaje que discriminatorio, incluyendo el enfoque de género a fin de no actualizar patrones que reiteren la discriminación de los operadores de la norma. 

Se incorpora en el Sistema Estatal de Asistencia Social, al Instituto Potosino de la Juventud a través de su titular, debido a la importancia de sus funciones que desempeña en la Entidad a través del diseño e implementación de políticas públicas y programas enfocados a la atención de jóvenes en temas de interés, como, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, bullying, adicciones, cuya población objetivo en la focalización de esfuerzos, son adolescentes. 

Con el objeto de procurar y proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes sujetos a adopción, que se encuentren albergados en centros de asistencia social públicos y privados autorizados, el DIF Estatal, constituirá e integrará el Consejo Técnico de Adopciones en términos de la normatividad vigente en la materia.

Para ampliar la participación de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, se incrementa de uno, a tres representantes, por cada una de las cuatro zonas del Estado en el seno del Consejo Estatal de Asistencia Social, para  tener un diagnóstico acorde a la realidad social que prevalece

Asimismo, la legislación contempla las directrices y procesos de certificación que deberán seguir las instituciones de asistencia social pública y privada, tanto para su funcionamiento, como para el otorgamiento de estímulos fiscales en el caso de las instituciones privadas en la prestación de servicios asistenciales, y en el ámbito de su competencia.

En relación a la Consulta Pública a Personas con Discapacidad, se detectó que conforme a los tipos de discapacidad definidos por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que son los siguientes: personas con discapacidad física; personas con discapacidad visual con baja visión, con debilidad visual o ciego(a); personas con discapacidad auditiva, sorda o con hipoacusia; personas con discapacidad mental, psicosocial o con autismo; personas con discapacidad intelectual.  El tipo de discapacidad que existe en nuestro Estado con mayor presencia, fue la discapacidad motriz con el 40.24% de la población que participó en la Consulta.

De donde se desprende que la alimentación y la económica es la principal necesidad identificada y con ello, permite que el órgano rector de la Asistencia Social en el Estado, atienda mediante una redirección en materia de beneficiarios el programa que realiza en materia de apoyo alimentario. 

A lo anterior, cabe agregar que el requerimiento de especialistas, medicamentos y terapias con un 11.58%, siendo tema adicional a los anteriores la atención medica 6.32 % cuya sumatoria arroja la cantidad de 17.9% resulta ser la segunda demanda de las y los encuestados. 

De igual forma la necesidad de tener un empleo ha sido manifestado por el 7.22 % de la población participante representado la tercera prioridad reflejada a través de la participación de las personas con discapacidad. 

Las anteriores manifestaciones son el marco para referenciar la política pública tomando como base la proveniencia de información de primera mano expresada por el citado sector poblacional. Además cabe señalar que los grupos etarios que dieron mayor respuesta a la consulta en mención fueron los rangos de edad entre los 18 y 30 años con el 18.61%. 

Se agradeció también la participación en este proceso del Gobierno del Estado, DIF Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Judicial del Estado, la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí; las y los presidentes de los 58 municipios del Estado; intérpretes de lengua de señas mexicana, y al Instituto de Lenguas Indígenas, quienes apoyaron con su esfuerzo.

Participaron también en intervenciones en tribuna sobre esta iniciativa, las diputadas Gabriela Martínez Lárraga, Bernarda Reyes Hernández, Liliana Flores Almazán, Emma Saldaña Guerrero, Claudia Tristán Alvarado; así como los diputados José Luis Fernández Martínez, René Oyarvide Ibarra, Alejandro Leal Tovías, y Edmundo Torrescano Medina.